Ha rechazado discutir en el Parlamento el reconocimiento de ese derecho con carácter universal y propone limitarlo sólo a personas sin recursos
El Gobierno vasco ha puesto punto final al debate sobre el derecho universal a la vivienda; una reivindicación que durante la pasada legislatura se había concretado en la posibilidad de garantizar a todos los ciudadanos, a partir de 2012, un alquiler protegido que no se llevase más del 30% del sueldo. Esa fórmula, recogida en el proyecto de Ley de Vivienda que aprobó el tripartito, pero que no llegó a discutirse siquiera en el Parlamento de Vitoria, ha vuelto a ser planteada por los grupos de Aralar y de Ezker Batua a través de sendas proposiciones que recuperan las líneas básicas de aquella fallida regulación.
El Ejecutivo de Patxi López, abocado a drásticos recortes presupuestarios por el desplome de la recaudación fiscal que ha provocado la crisis, se ha opuesto a la tramitación de ambas iniciativas en la Cámara. Alega que antes de aprobar una nueva normativa al respecto hay que buscar un consenso con los sectores y las administraciones afectados, para lo que se propone «promover las negociaciones precisas a la mayor brevedad». Además, explica que carece de dinero para asumir el coste de esa medida.
El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, dejó claro la pasada semana que su departamento sólo quiere garantizar un piso en alquiler a quien «acredite estar en situación objetiva de necesidad». Según explicó, la herramienta para lograrlo será el complemento de vivienda, un subsidio mensual cuya puesta en marcha tendrá lugar en 2010 y que está concebido para las personas que cobran la renta básica (casi 40.000) y las ayudas de emergencia social (27.000).
De esta manera, a diferencia de su antecesor en el cargo, Javier Madrazo (EB), que defendía el derecho al arrendamiento protegido para todos los ciudadanos y que proponía materializarlo de forma escalonada hasta 2012, el Ejecutivo socialista apuesta, en una situación económica muy diferente, por el reconocimiento de una prestación social para las personas amenazadas de exclusión.
«Cuando negociamos el pacto social con el Gobierno de Ibarretxe, impulsamos el complemento de vivienda como un derecho subjetivo perfecto; es decir, exigible ante los tribunales», recordaron ayer fuentes del PSE. Este partido, en principio, se opuso a convertir la vivienda en un derecho similar a la sanidad y la educación, y acusó a Madrazo de hacer «electoralismo» con esa cuestión sin discutirla antes con otros interlocutores. De hecho, ése fue uno de los argumentos que esgrimió para dejar que el proyecto decayera en el Parlamento.
Aspectos controvertidos
Ahora, los socialistas insisten en que antes de volver a discutir esa norma, que sólo podría salir adelante en la Cámara con los votos del PP o del PNV, es necesario alcanzar un pacto que incluya a los ayuntamientos, los promotores y las entidades financieras. El PSE no olvida que el proyecto de Madrazo contenía otros dos aspectos controvertidos que habían despertado fuertes críticas en el tripartito, en particular entre los peneuvistas: el canon autonómico para gravar los pisos vacíos y el abandono forzoso de la vivienda de protección oficial cuando el titular compre otra casa en el mercado libre.
El rechazo del Gobierno vasco a convertir la vivienda en una prestación universal, exigible ante los tribunales, provocó la inmediata respuesta de Aralar y Ezker Batua, que criticaron al Gabinete de López por «dejar pasar «una oportunidad». Según Daniel Maeztu, parlamentario de la formación abertzale, el departamento de Iñaki Arriola no debería dedicarse a las políticas contra la exclusión social -«una labor que compete a otras consejerías»-, sino a trabajar para que la vivienda «se convierta en un derecho de los ciudadanos».
El camino para lograr ese objetivo -señaló- «es el alquiler». A su modo de ver, si el Gobierno cumpliera la promesa de edificar 16.000 nuevos pisos para el arrendamiento hasta 2013, el parque total de alquiler público llegaría a 34.000 viviendas en Euskadi. «Una cifra no muy alejada de las 40.000 que se consideraban necesarias para cubrir toda la demanda», destacó el representante de Aralar.
EB, por su parte, subrayó que el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el tripartito iba acompañado de una memoria económica. «Los socialistas defienden lo mismo que el PP: que el alquiler social es para los que cobran las ayudas de emergencia social», señaló.
